Desahucio en Santutxu tras la movilización vecinal y despliegue policial
Una familia compuesta por Patricia, su hija y sus dos nietas ha sido desalojada este miércoles de su vivienda en el barrio bilbaino de Santutxu. Tras dos intentos previos paralizados por la protesta ciudadana, un amplio dispositivo policial ha permitido la entrada de la comitiva judicial. El sindicato AZET critica que no se haya ofrecido una alternativa digna.
Una familia de cuatro personas, integrada por Patricia, su hija y sus dos nietas menores de edad, ha sido desalojada este miércoles de su domicilio en el barrio de Santutxu, en Bilbao. La ejecución del lanzamiento se ha producido tras un tercer intento, después de que las movilizaciones ciudadanas lograran frenar los anteriores intentos registrados el 26 de octubre y el 5 de noviembre.
Para garantizar la operación, la Ertzaintza ha desplegado un amplio dispositivo policial en la calle Iturribide, número 94. Desde las 8:30 horas, decenas de personas se habían concentrado frente al inmueble convocadas por el sindicato de vivienda AZET para impedir el lanzamiento. Los agentes han establecido un cordón para alejar a los manifestantes del portal y facilitar el acceso de la comitiva judicial.
El desalojo se ha completado en aproximadamente media hora. Tras la salida de la familia, sus pertenencias han sido recogidas con la ayuda de integrantes del sindicato, mientras los concentrados coreaban consignas como "Ni gente sin casa, ni casas sin gente" y "Frente a la especulación, organización".
Según ha detallado AZET, el origen del desahucio es una resolución judicial derivada de un proceso de divorcio. En dicha sentencia, se adjudicó la propiedad de la vivienda al exmarido de Patricia. La organización señala que este dispone de otros dos inmuebles en propiedad y cuestiona que la Justicia no haya valorado la situación de vulnerabilidad de la familia con menores.
"Patricia compró esta vivienda junto con él hace unos años y ha participado en el pago de ella. Sin embargo, el juez ha considerado que era más importante el beneficio de su exmarido... que la necesidad de Patricia, de su hija y de sus dos nietas menores de edad", ha denunciado el sindicato.
Tras el desalojo, AZET ha responsabilizado al Ayuntamiento de Bilbao de no haber ofrecido "una alternativa habitacional real y digna" a la familia ni haber intervenido para detener el lanzamiento, pese a conocer su situación. La organización ha afirmado que el caso evidencia cómo la defensa judicial de la propiedad privada se impone sobre las necesidades habitacionales de familias vulnerables.
Para AZET, se trata de "un nuevo ejemplo de cómo la violencia estructural del capital, respaldada por el aparato judicial, se manifiesta también como violencia patriarcal", al dejar sin hogar a dos mujeres y dos menores mientras se protege la propiedad de una persona que ya dispone de otras viviendas. El sindicato ha criticado además la eficacia de las medidas institucionales para proteger a personas en riesgo de desahucio, calificando las promesas públicas de "papel mojado".
A.Goretti--IM